Inconscientemente personas con responsabilidades públicas han tomado el caso de Carlos S. Menem como paradigma de cómo podrían terminar algunas peripecias legales. En prisión domiciliaria.
Cristina Fernández de Kirchner, al igual que Menem, fue condenada por sentencia de dos instancias en las que intervinieron una pluralidad de jueces y fiscales nombrados en una buena mayoría por ella o su marido. La Corte Suprema confirmó las sentencias de instancias inferiores. Al igual que Menem, se le concedió en atención a que su edad superaba los 70 años el beneficio de la prisión domiciliaria, con el uso de una tobillera electrónica para asistir en el control del cumplimiento de la sentencia.
Lo justo es justo.
En circunstancias anteriores, incluso en los casos de personas condenadas del entorno de la señora de Kirchner, algunas personas tuvieron sus condenas confirmadas por la Corte Suprema. Las circunstancias de su prisión domiciliaria fueron bastante estrictas: el ex presidente Menem en una alejada quinta del conurbano, con muy limitada posibilidad de movilizar a sus partidarios fieles. La ex presidente Kirchner tiene la posibilidad de servir su condena en la vivienda que había elegido para residir recientemente, en un entorno plenamente urbano de Buenos Aires; con la posibilidad de salir al balcón de su departamento para arengar, hablar y dialogar con sus partidarios.
No parece justo un trato tan diferenciado.
El régimen de visitas en un contexto de condena por un caso penal de defraudación al Estado (es decir, ¡una malversación de dinero público de los contribuyentes!) siendo la condenada la máxima responsable por la administración del propio Estado, debe respetar el hecho claro de que la condenada está cumpliendo una pena de reclusión domiciliaria. Una larga lista de senadores y diputados nacionales de su facción planteó al TOF la necesidad de no tener restricciones en el acceso a su lideresa, amenazando con ignorar cualquier restricción que impusiera la Justicia. Habría que recordar que la ex presidente no está guardando cama o reposo por razones médicas o sociales. El TOF consideró el planteo de los legisladores nacionales como “impertinente” y confirmó los términos de su régimen de visitas.
Lo justo es justo.
El barrio de Recoleta, residencia de una buena cantidad de los ciudadanos criticados y denostados durante décadas por la ex presidente, ya ha tenido que soportar los ronroneos más o menos estridentes de sus partidarios en ocasión del presunto atentado que sufrió en su oportunidad. Ahora le toca el turno al barrio de Constitución. La prisión domiciliaria de la señora de Kirchner ha alterado no sólo la merecida paz de sus vecinos de edificio, cuadra y barrio dada la insistencia de sus partidarios en manifestarse ruidosa y agresivamente en contra de la sentencia confirmada.
No parece justo un trato diferenciado que perjudica la paz y la armonía de barrios decentes de la ciudad de Buenos Aires cuando existen otras alternativas para su reclusión.
Aunque una vasta mayoría de la opinión pública parece acordar con la culpabilidad (ante pruebas masivas e irrefutables) de la condenada, subsiste una facción minoritaria que por interés o por fanatismo niega la realidad y pretende continuar gozando de las mieles de su liderazgo. Es deseable que tanto la opinión mayoritaria como la propia Justicia perseveren en el castigo justo hacia quien debió ejercer la conducción de los destinos de la Nación con honestidad y patriotismo.
Que la Justicia sea justa y ejemplarizadora.
(*) Presidente de la Fundación ANDES